Por: Beatriz Olivera (@beoliverav)*

Las empresas mineras en México ostentan una serie de privilegios; fiscales en primera instancia, pues varios informes de la Auditoría Superior de la Federación reflejan que se han dado el lujo durante años de no cumplir a cabalidad con el pago de sus impuestos y derechos. Gozan también de privilegios ambientales, pues la ley minera en su artículo 19 les otorga preferencia sobre el uso de agua, la tierra y el gas asociado. Y también privilegios económicos, puesto que la ley minera en su artículo 6 señala que la exploración, explotación y beneficio de minerales serán preferentes a cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Gozan, además, de una enorme impunidad si llegan a ocasionar algún delito ambiental, como el grave derrame ocasionado por Grupo México en el Río Bacanuchi, en Sonora, en 2014.

A la lista de privilegios habrá que añadir uno más: el privilegio de contar con un cuerpo especial de seguridad que vigilará las instalaciones de las más grandes y jugosas compañías mineras, que en buena parte son extranjeras. El gobierno mexicano anunció la creación de la policía minera, hace apenas unas semanas y señaló que será un cuerpo de élite con elementos especializados quien proteja a las minas ante la delincuencia organizada.

Ante esto, surgen varias interrogantes ¿Por qué el gobierno mexicano usa recursos, de una institución de seguridad pública para proteger los intereses privados de las empresas mineras? ¿Es válido que miles de personas en el país vivan en constante riesgo ante la delincuencia por carecer de servicios efectivos de seguridad mientras la federación destina recursos a la protección de grandes empresas privadas?

Es necesario recordar que el sector minero está lejos de ser una actividad económica que impulse el desarrollo local y nacional. Pese a que México es uno de los principales productores de oro, plata y otros minerales a nivel mundial, los ingresos que el Estado Mexicano obtuvo de la minería de minerales metálicos y no metálicos representaron apenas 0.41% de la recaudación total por actividad económica para junio de 2020, y 0.52% en 2019. En términos de aportaciones específicas a impuestos, el ISR aportó a las finanzas públicas el 0.37% del total de los ingresos que recaudó el gobierno sobre este impuesto, mientras que en 2019 fue de 2.3%. En cuanto al IVA, tal como ha sucedido en otros años, resultó también en una erogación hecha por el gobierno, por devoluciones y estímulos que se dieron al sector: para junio de 2020 el IVA minero fue de -2.13%, mientras que para 2019 fue de -1.8%. En cuanto al PIB minero correspondiente a la exploración y extracción de minerales metálicos y no metálicos, este resulta inferior al 1% del PIB nacional.

Por su parte, la contribución de la minería al empleo es también mínima, las industrias extractivas aportan en su conjunto apenas el 0.62% de los empleos asegurados a nivel nacional, tal como lo establecen los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para agosto de este año. Las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, violentan derechos de las personas y comunidades, no contribuyen de manera sustantiva al desarrollo del país y ocasionan graves conflictos socioambientales. ¿Por qué entonces se continúa privilegiando esta actividad, ahora con un cuerpo especial de protección, si el desarrollo que aporta al país es ínfimo?

* Beatriz Olivera es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico

(1) Ver Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de 2019 y segundo trimestre de 2020, Anexos de finanzas públicas, disponibles en
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

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